EUROSAI 98 Estudios y otros artículos La contratación pública, entre la legislación y la contingencia Los 700 auditores públicos externos que participaron en esta auditoría analizaron, a petición del Parlamento, la gestión de un presupuesto de 5 mil millones de lei para gastos utilizados en la lucha contra la COVID-19. La mayor parte de estos gastos, es decir, el 73%, se concedieron para el pago de indemnizaciones relacionadas con la suspensión temporal del contrato de trabajo, a iniciativa del empleador. Casi 2.5 millones de empleados en esta situación han solicitado una indemnización. De estos, se aprobaron 2.06 millones. Todos estos pagos fueron revisados por los auditores, y esto es solo una parte del esfuerzo global. Otro componente clave de la auditoría se refería a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos durante el estado de emergencia. Al formular sus conclusiones, los auditores tuvieron en cuenta el contexto internacional en el que se llevaron a cabo los procedimientos de contratación pública para crear reservas médicas de emergencia. Se trataba de un contexto excepcional, caracterizado por una demanda masiva por parte de los países afectados por la pandemia de COVID-19. Obviamente, dada la urgencia, se redujeron los plazos de los procedimientos de adjudicación. El examen de los documentos reveló irregularidades en las contrataciones públicas, ya que el poder adjudicador no aplicó un tratamiento unitario a todos los operadores económicos participantes en los procedimientos de adjudicación durante el estado de alarma. Tampoco se respetó en todos los casos el principio de igualdad de trato y no discriminación. Buenas prácticas y análisis de riesgos Basándonos en el informe relativo a la gestión de los recursos públicos durante el estado de emergencia, realizado a petición del Parlamento rumano, el Tribunal de Cuentas emitió varias denuncias ante la Dirección Nacional Anticorrupción, que ahora están siendo investigadas. Más allá de estas cuestiones legales, la Entidad Fiscalizadora Superior de Rumanía quiso mediante esta acción, alentar a las entidades auditadas que han demostrado un comportamiento correcto y eficiente. Puso de relieve modelos de buenas prácticas e hizo un llamamiento a todos para que tuvieran en cuenta el contexto global, dominado por la incertidumbre, a la hora de analizar cómo se han gestionado los recursos públicos durante este período. La pandemia ha aumentado significativamente los riesgos para el cumplimiento, afectando así a la rendición de cuentas y la transparencia. Estos riesgos están estrechamente relacionados con el importante volumen de recursos financieros puestos a disposición de la administración central y local. Los riesgos también dependen de las ambigüedades asociadas con las autoridades, que han utilizado nuevos fondos para fines especiales, así como también de las dificultades para implementar los controles internos, como resultado de las restricciones de capacidad en las inspecciones de cumplimiento. Los riesgos de fraude y corrupción también han aumentado, debido a la debilidad de los controles internos y la necesidad de equilibrar la urgencia de la acción con la necesidad de cumplir con el marco regulatorio vigente. Así, las pruebas de auditoría se obtuvieron de distintas fuentes, lo que proporcionó un mayor nivel de garantía: documentos escaneados y en papel puestos a disposición de los auditores, información procedente de la prensa, seguimiento de la contratación pública, así como del Sistema Electrónico de Contratación Pública. La conclusión general de esta misión de auditoría exhaustiva y urgente fue que, en la mayoría de los casos, el uso y la gestión de los recursos públicos en la prevención y lucha contra la pandemia de COVID-19 se ajustaban a la finalidad, los objetivos y las responsabilidades establecidos en la legislación característica del estado de alarma. Las excepciones fueron las deficiencias sistémicas y desviaciones de la ley, identificadas en ciertos casos y destacadas en el informe. Como de costumbre, los auditores han formulado propuestas y recomendaciones, que pueden servir para elaborar procedimientos de trabajo eficaces y previsibles para futuras situaciones de crisis. Que no queremos, pero podemos estar seguros de que llegarán. La crisis pandémica debe ser el Momento Cero de la Verdad, cuando todos empecemos a hacer que las cosas se muevan con eficacia, rapidez, mesura y transparencia. La pandemia ha aumentado significativamente los riesgos para el cumplimiento, afectando así a la rendición de cuentas y la transparencia.
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