EUROSAI 100 Estudios y otros artículos Reflexión sobre los riesgos de la pandemia y la integridad La sociedad se ha preguntado si se ha respetado el principio de legalidad en medio de la crisis causada por la covid-19. El fuerte peso de la contratación pública, que en España supone el 14% del PIB, obliga a fiscalizar los contratos celebrados durante la pandemia. La situación de urgencia es propicia para que proliferen riesgos como el de adquisiciones con sobreprecios, la entrega de productos defectuosos, o la falta de diligencia al contratar con proveedores que no cumplen sus compromisos acordados. El Tribunal de Cuentas de España ya ha aprobado tres informes sobre la contratación de emergencia, y otros tres se encuentran en diferentes fases de elaboración. En las auditorías aprobadas se han detectado debilidades en la justificación de la tramitación de emergencia, de la falta de dotación de crédito adecuado y suficiente o el retraso en el inicio de la ejecución. Además, es generalizada la ausencia de un responsable que supervise la ejecución del contrato y dicte instrucciones para asegurar la correcta realización de la prestación. En un número relevante de contratos realizados por los ayuntamientos y por los entes públicos no administrativos (fundaciones, entidades públicas no administrativas o agencias independientes) no se han verificado los requisitos de capacidad y solvencia del adjudicatario, sin que el órgano de contratación haya motivado la excepción de este requisito. Esta supresión, junto al hecho de que, en algunos casos, se han formalizado contratos para asuntos que no formaban parte del objeto social de los adjudicatorios, configura un riesgo de incumplimiento del contrato o de cumplimiento insatisfactorio. De alguna manera, en estas cuestiones está presente otro principio importante, fundamental para la gestión pública y que ocupa un lugar muy destacado en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: la integridad. La integridad es el pilar esencial en el que descansa toda la gestión de lo público. La integridad supone la realización efectiva de los principios que debe inspirar la administración diligente, justa, equitativa y confiable de los recursos. El Tribunal de Cuentas entiende que, en la consecución de la integridad en la gestión pública, la formación y la prevención adquieren un papel central, incluyendo también a las partes interesadas. En uno de nuestros informes de auditoría se constató que una entidad disponía de un adecuado protocolo para el seguimiento, la detección y persecución del fraude; pero no disponía de un sistema de prevención que favorezca la formación e información a las personas con responsabilidades de gestión. También se aprecia como una debilidad que las personas que realizan una alerta de un comportamiento irregular (los denunciantes) no son informadas de las medidas de confidencialidad con las que se les va a proteger, ni del procedimiento que se seguirá como continuación de su alerta o denuncia. Hablar de “integridad” es referirse a una actuación que va más allá del compliance, trascendiendo al mero cumplimiento formal de la Ley, por la que se produce un cambio en la atmosfera de trabajo, donde la probidad sea la regla, tanto en los gestores públicos como en todas las partes interesadas. Creo que, para hacer realidad la integridad, es importante invertir en prevenir, además de tratar la propia patología de la corrupción. Esta prevención engloba además de los gestores públicos a las partes interesadas. El mal uso de los bienes públicos, la corrupción… se produce en todos los países. Lo que viene a ser distinto es qué ocurre cuando esto sucede, qué reacciones se producen, qué grado de tolerancia se tiene. No podemos persistir en la cultura de “todos son iguales”, no se puede admitir el comentario de “todos actuaríamos igual”. Concluyo con la ya citada ISSAI 12, en el convencimiento de que la contribución de las EFS para marcar la diferencia en el nivel de vida de los ciudadanos pasa por su aportación a este cambio cultural y educacional que incorpora la integridad como un principio de la gestión pública. Es posible que sea un trabajo a largo plazo, pero la rentabilidad es elevada y está asegurada.
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